Venezuela es blanco nuevamente de una embestida internacional. Una coalición de gobiernos de derecha se han alineado con sectores extremistas venezolanos para golpear la estabilidad, la paz y el Estado de Derecho en la nación bolivariana.

Esta acción desviada —que atenta contra el mandato de la Carta Magna, aprobada por los venezolanos— ha sido rechazada categóricamente por el país latinoamericano.

Ante el plan desestabilizador en marcha, la República ejercerá las acciones políticas y diplomáticas establecida en el orden jurídico interno y por el Derecho Internacional, que, de acuerdo con las Naciones Unidas, debe definir las responsabilidades legales de los Estados en su conducta con los demás.

“Es absolutamente inadmisible, sin fundamento jurídico alguno, que un grupo de países conjurados se inmiscuyan en los asuntos de jurisdicción exclusiva de Estados soberanos. Es además inmoral la operación de desestabilización sin precedentes que han desatado contra Venezuela, su revolución y su pueblo”, señaló el Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado difundido la noche de este jueves.

La derecha en Venezuela ha buscado en 17 años hacerse del poder utilizando vías antidemocráticas. Hoy, son acompañados en una nueva aventura por agentes externos, con lo cual además pretenden generar un clima diplomático propicio a una intervención extranjera.

En esta ocasión, utilizan como excusa dos sentencias emitida esta semana por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que definen los límites de la inmunidad parlamentaria y las condiciones del ejercicio de la función legislativa mientras la Asamblea Nacional (AN) se encuentra en desacato.

Estos dictámenes son señalados por la derecha como una “ruptura del orden constitucional” para justificar la activación de una nueva faceta de su plan de golpe de Estado.

AVN
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