Este martes las comisiones primeras y el Senado colombiano aprobaron en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía con el que el Gobierno busca dar seguridad jurídica a los miembros de las FARC que entreguen las armas.

La iniciativa también contempla un tratamiento especial para los agentes del Estado que hayan podido cometer crímenes en el marco del conflicto armado.

El proyecto de amnistía recoge el perdón jurídico para todos los miembros de las FARC, excepto para los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.

Se espera que los más de 6.000 miembros de las FARC reciban amnistía por los delitos políticos de rebelión, asonada y conspiración, entre otros.

Minutos después de la aprobación, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, agradeció en su cuenta de Twitter el trabajo del Congreso y dijo que es un “gran paso para consolidar la paz”.

La bancada del opositor partido Centro Democrático, fundado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, se apartó de las votaciones al considerar que eran “irreglamentarias”.

Uribe y su partido se oponen a las leyes presentadas por el Gobierno al Congreso para implementar el acuerdo de paz firmado con las FARC, al que también se opuso.

En el Senado, el Centro Democrático tiene cuatro senadores y en la Cámara de Representantes cinco legisladores.

Los que sí estuvieron en las discusiones el proyecto de ley fueron los seis representantes del movimiento ciudadano Voces de Paz, que servirá de plataforma para impulsar el partido político de las FARC, quienes tienen voz pero no voto en los debates.

En una de las intervenciones, Imelda Daza, también dirigente del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP), llamó al “perdón” y dijo que “sobre el odio, nada es posible de construir”.

La UP se fundó en 1985 como parte de un proceso de paz iniciado un año antes por las FARC con el gobierno del entonces presidente colombiano Belisario Betancur (1982-1986).

Según denuncias de la UP, grupos paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a unos 4.000 miembros de ese partido, entre ellos dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.

“Nosotros en la Unión Patriótica, movimiento extinguido, queremos saber la verdad de quiénes fueron nuestros victimarios, no para colgarlos en la Plaza de Bolívar sino para saber a quién debemos perdonar”, dijo Daza. Agencias

 

 

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