El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ha declarado la mañana de este viernes a los medios que el gobierno nacional “quiere atajar e impedir la movilización de la gente durante la recolección del 20% de las firmas del referendo revocatorio a través de una sentencia”.

El aspirante presidencial se explayó en detalles sobre una sentencia que DeFrente no ha podido ubicar con sus fuentes, ni en Internet ni en la página del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, Ramos Allup aventura un análisis jurídico de la sentencia que solo él parece conocer: “La base de la sentencia sería una solicitud hecha por Jorge Rodríguez, en el proceso de la recolección de firmas ya consumado, concluido y validado con todos los mecanismos y a pesar de todas las obstrucciones presentadas por el Consejo Nacional Electoral. (…)  Voceros del gobierno insisten en que la recolección de firmas antes de la validación hubiese habido cierta usurpación de identidades, pero no aparecen ni suplantaciones de identidad, ni muertes, ni desaparecidos. La sentencia diría que está contaminado el proceso por lo que no se puede proceder a recabar las voluntades el 26, 27 y 28 sino que el proceso es nulo en su totalidad”.

Parecería que el líder opositor está huyendo hacia delante, toda vez que tanto el aludido Jorge Rodríguez como Diosdado Cabello han referido el argumento que Ramos atribuye a la sentencia que solo el conoce.

El miércoles pasado en su programa con El Mazo Dando, Cabello refirió un caso de fraude en la recolección de firmas para el referendo a un alcalde en Estados Unidos y que fue anulado por un juez de la nación norteña argumentando al estar viciada parte de la recolección de firmas esta era causa suficiente para la anulación de todo el proceso.

El pasado día martes, el jefe de la bancada del bloque de la patria, Héctor Rodríguez, recordaba de manera enfática un principio jurídico según el cual “un acto ilegal no genera derechos sino responsabilidades”. Tales declaraciones las hizo en respuesta a una interrogante del periodista Vladimir Villegas en torno al tema de las más de 400 mil firmas forjadas en la recolección del 1% como prerequisito para incoar el proceso de manifestación de voluntades de cara a un eventual proceso refrendario.

“…lo que pretenden es que no sigamos criticando a las instituciones como el mismo tribunal, que se han convertido en una especie de oficina de bufetes jurídicos del gobierno para consumar las violaciones constantes de la constitución que se han hecho por la acciones del poder Ejecutivo y por decisiones la propia Asamblea Nacional contra el texto de la constitución”. Aseveró Ramos Allup en el estado Anzoátegui.

El veterano político opositor dejó clara su intención de ir a la Organización de Estados Americanos en procura de la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela: El gobierno estaría pensando por esta presencia nuestra en la Organización de Estados Americanos —a la que ya fuimos una vez, a denunciar estos hechos— ahora nos consideraría incluso de traición a la patria en situación de flagrancia y así nos detendrían al diputado Luis Florido y a mí apenas regresemos al país, para eso nos están ‘cocinando’ esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena”.

La tesis de una huida hacia adelante por parte de la oposición cobra fuerza toda vez que  hay más de 8.600 demandas de tribunales de la República en los 23 tribunales superiores, de los 23 estados del país,  de ciudadanos que fueron a poner una denuncia penal, administrativa, civil en contra del partido MUD, informaba Jorge Rodríguez en días pasados.

Como se recordará, CNE informó en agosto que de un millón 957 mil 779 rúbricas, unas 605 mil 727 firmas no cumplieron con los criterios establecidos por la norma para iniciar el proceso

Finalmente Ramos Allup se quejó de supuestos ataques a las sedes del partido Acción Democrática, así como de monigotes con su cara colgados en diferentes sitios de el estado Anzoátegui en vísperas de su visita.

DF/OP

COMPARTIR