La Bancada de la Dignidad de Convergencia confirmó hoy que presentó una denuncia legal para lograr retirarle la inmunidad al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

 

Las acusaciones guardan relación con el incendio que el miércoles 8 de marzo redundó en la muerte de unas 19 niñas calcinadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de San José Pinula, y dejó quemaduras de cuarto y tercer grados a otras que finalmente fallecieron en hospitales hasta alcanzar la cifra de 40.

El documento, presentado junto a los abogados Benito Morales y Francisco García, precisa que otras 25 víctimas de la tragedia continúan desaparecidas a pesar de la activación de la Alerta Alba Keneth.

Asimismo, en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses aún permanecen madres y padres en espera de información de menores de edad que estaban en el centro de acogida a cargo de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala.

Por todo esto y por los testimonios de varias sobrevivientes que acusan a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) de no prestarles auxilio e impedirles salir del salón donde ocurrió el siniestro, los diputados de Convergencia piden el retiro de inmunidad para el gobernante.

También exigen el inicio de una investigación y persecución penal, individualizando a los responsables, desde los agentes de la PNC hasta personal de turno en el albergue.

‘Es un reto para el Congreso retirar la inmunidad a Jimmy Morales y determinar si -los diputados- mantendremos impunidad o vamos a estar con la ley’, declaró a periodistas la legisladora Sandra Morán, quien recordó que ‘este país no invierte en la juventud, en este país hay personas que se consideran desechables’.

Agresiones físicas y verbales, encierros, impedimentos para salir a sanitarios, y otros vejámenes, fueron cometidos contra las menores de edad previo al incendio en el Virgen de la Asunción, cuyo cierre era reclamado hace tiempo por las violaciones sexuales recurrentes y el uso de las internas con fines de explotación sexual.

Reportajes periodísticos, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), confirmaron esa realidad y sus pronunciamientos también sustentan otras denuncias presentadas con el fin de lograr justicia para las niñas víctimas del centro situado al sureste de Ciudad Guatemala.

Para la sociedad civil en este país lo ocurrido en el hospicio fue un crimen de Estado y hay quien hace notar similitudes con masacres cometidas en otros tiempos como parte de la estrategia militarista de presunta limpieza social.

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