Primeramente ante la actual coyuntura es necesario citar al Libertador en el Manifiesto de Cartagena cuando expresó “Yo soy del sentir y del pensar que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, nuestros enemigos obtendrán las ventajas más completas; seremos envueltos indefectiblemente en los horrores de las disensiones civiles y conquistados vilipendiosamente por ese puñado de bandidos que infectan nuestras comarcas” Hoy la  Patria de Bolívar sufre nuevamente los ataques del imperialismo Norteamericano utilizando como plataforma la Organización de Estados Americanos  con un grupo de países arrodillados a la Doctrina Monroe “América para los Norteamericanos” bajo el pretexto de la Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA con el Supuesto fin de defender la Democracia en Venezuela.

Resulta bastante curioso como hoy el mundo se preocupa por las supuestas carencias de los Derechos Humanos en Venezuela, pero callaron ante las políticas de exclusión y represión contra los más pobres, para no decir que así como alegan  que Leopoldo López está preso por Pensar distinto obviando que ese pensamiento produjo más de 40 muertos y más de 500 heridos muchos ahora con discapacidad permanente, en los Gobiernos donde Ramos Allup era Diputado al Congreso de la Republica  Alí Primera cantaba en la clandestinidad por pensar distinto, estudiantes en la bajada de Tazón fueron arremetidos con balas de fusil por reclamar su derecho al estudio y eso no salió por CNN, que así como se hablan en los Lobbys Internacionales de estudiantes presos en el SEBIN, la OEA no dijo nada por el asesinato de dirigentes estudiantiles en los sótanos de la  DIGEPOL y la DISIP, entre ellos Jorge Rodríguez padre de la Canciller  de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien Para un Mejor entendimiento ¿qué es la Carta Democrática Interamericana?

Palabras más Palabras menos, “Es un instrumento que se aplica, a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el caso de que se genere un quiebre en los procesos políticos institucionales democráticos o del legítimo ejercicio del poder por parte de un gobierno democráticamente electo.” En ese sentido es importante hacer referencia que si en Venezuela existiese “un quiebre en los procesos políticos institucionales democráticos” no se tuviese más de 10 millones de Venezolanos en calidad de escolarizados entre ellos casi 3 millones en la educación Universitaria, el cual con legítimo derecho a las herramientas de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) y con fácil  accesibilidad a Internet con el subsidio del servicio de CANTV (donde es importante destacar que la derecha aplica su masificado Catarsis político e implementación de su guerra de IV generación mediante la manipulación mediática en las diversas redes sociales y aplicaciones)

¿De dónde viene la petición de su aplicación contra Venezuela?

El Secretario General de la OEA Luis Almagro abogó el 14 de Marzo por suspender a Venezuela del organismo si no se realizan “elecciones generales completas a la mayor brevedad” con observadores internacionales para que sean “libres, justas y transparentes, de igual forma la liberación de los presos políticos, la validación de las leyes que han sido anuladas así como la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución”

En Relación a lo planteado, es importante hacer referencia que el mencionado funcionario demuestra un significativo analfabetismo político al desconocer primeramente el Articulo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual refiere:

“Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional” Lo cual deja Claro que todo acto que vulnere el ordenamiento Jurídico de un país soberano,  su autodeterminación por parte de anhelos, ambiciones, o intereses externos, es reconocido como injerencia y por consiguiente violatoria de la Constitución Bolivariana.

De igual manera el secretario General de la OEA en su desconocimiento por su autodeterminación de los pueblos solicita de manera altisonante que en un lapso no menor a 30 días se realice   “elecciones generales completas” el señor Almagro en su  gran veneración y lealtad al  Corolario de Roosevelt “si un país latinoamericano y del Caribe situado bajo la influencia de los EE.UU. amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno de EE.UU. estaba obligado a intervenir en los asuntos internos del país “descarriado” para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas.”  Al parecer no fue informado que en el año 1999 se realizó una constituyente el cual seguidamente por mandato popular y soberano del pueblo de Venezuela se aprobó una Constitución el cual deja claro la independencia de poderes así como en su Artículo 137 refiere “La Constitución y la Ley definirán las atribuciones y los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”  de igual forma y para un mejor entendimiento para el Señor Almagro en no entrar donde no se le es permitido por rango Constitucional, el Artículo 138 establece “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos” llámese Almagro, Trump, o cualquier poder público con complejo de caudillo que quiera  usurpar funciones que no le corresponde. En ese orden de ideas la CRBV también deja claro a personajes nombrados en el párrafo anterior  Art 292:  “El poder electoral se ejerce  por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y,  como organismos subordinados  a este, la junta electoral nacional, la comisión de registro civil y electoral  y la comisión de participación política  y financiamiento  que establezca la ley orgánica respectiva.” Por lo cual su primera petición esta fuera de orden.

Liberación de los presos políticos

Otra de las demandas del Señor Almagro es la  liberación de supuestos  “presos políticos” pero antes de referirnos sobre si la demanda del funcionario de la OEA tiene pertinencia o no  sería muy interesante ver distintas miradas en relación al término “presos políticos”, para la Abogada Laura Rocío Espinosa Marcka el cual de acuerdo a la documentación donde fue citada cuenta en su formación  como Especialista en Derecho Público, Especialista en Derecho Penal refiere el término de “delito político” como: “El delito político es aquél que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a actitudes proscritas del orden constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue.”  De igual forma la profesional de las leyes aclara “Si bien es cierto el fin no justifica los medios, no puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes promueven el desorden con fines intrínsecamente perversos y egoístas.” Lo cual de ello se puede inferir que si bien toda persona es libre de expresar de manera pública o privada su descontento a cualquier régimen o sistema político no debe transgredir los derechos humanos

En ese sentido, en una entrevista realizada por el portal Web de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (SIDDHH) al portavoz de los Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del grupo parlamentario Europeo Christopher Streasser refiere: “Un preso es un preso político cuando su encarcelamiento y condena vienen en contra  de las garantías fundamentales, en particular la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y la libertad de asociación, cuando la detención ocurrió por razones puramente políticas, no relacionadas con un delito” no obstante aclara “Las personas que utilizan la violencia o incitan a la violencia, no pueden atribuirse el mérito de ser “presos políticos”, aunque afirman haber actuado por razones “políticas”. Por lo que nuevamente deja en evidencia la mala fundamentación política y jurídica del Secretario General de la OEA.

Desconozco si el señor Almagro es abogado sin embargo no hay que ser profesional del derecho para saber como diplomático de la OEA que el artículo 4  numeral 1. De la Convención Americana sobre derechos Humanos (Pacto de San José) establece:

Artículo 4. Derecho a la Vida

  1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Es importante hacer referencia e infiriendo en el mencionado artículo que el llamado al plan la SALIDA dejo un saldo de más de 42 muertos el cual si bien no lo ordeno directamente en su discurso las víctimas fatales y los más de 500 heridos fueron consecuencia  de ese llamado público de rebelión que nunca fueron detenidos o por lo menos frenar tales violaciones de los derechos humanos por parte de sus  promotores.  En concordancia con el tema planteado el Articulo 5  expresa “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica  y moral” es preciso señalar que el mencionado llamado a la salida propicio un enfrentamiento civil entre ciudadanos con antagonismo de criterios políticos los cuales dejo como consecuencia  el irrespeto a la integridad física, psíquica, y moral de ambas partes impulsada con frases como “el que se cansa pierde”

Otro aspecto por abordar desde el punto de vista jurídico a pesar de quien les escribe no es abogado, es la violatoria de los artículos 21 y 22 De la Convención Americana sobre derechos Humanos (Pacto de San José) al expresar

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

  1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.”

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia

“Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado  tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en el con sugestión  a las disposiciones legales”

Si se contrasta  lo referido en esos artículos y lo vivido con el plan la Salida se denotara muy fácil mente  que el derecho al uso de sus bienes como el derecho al libre tránsito como se describe en mencionados conceptos legales de los párrafos anteriores  con  el bloqueo de calles, avenidas, carreteras, ataques al transporte público y privado, etc.

La validación de las leyes que han sido anuladas

Otras de las demandas  que parecieran más de un niño malcriado y no de un Secretario General de Estados Americanos es la “validación de las leyes que han sido anuladas” el señor Almagro en un culto a la pedantería en sus tantos pronunciamientos a la República Bolivariana de Venezuela  no invirtió aunque sea 5 minutos en visualizar bien sea por flojera, incompetencia, predisposición o porque no forma parte de las ordenes de algún país influyente, los artículos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela 213 y 214,  los cuales expresan de manera clara y precisa que:  Una vez sancionada la ley, se extenderá por duplicado con la reacción final que haya resultado de las discusiones Uno de los ejemplares de la ley será enviado por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional al Presidente o Presidenta de la República a los fines de su promulgación.. El PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA promulgará la ley dentro de los diez días siguientes a aquél en que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá, con acuerdo al Consejo de Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición razonada, que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda la ley o parte de ella La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por el Presidente o Presidenta de la República, por mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes y le remitirá la ley para la promulgación, CUANDO EL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CONSIDERE QUE LA LEY O ALGUNO DE SUS ARTÍCULOS ES INCONSTITUCIONAL solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso PERO si declara la inconstitucionalidad la ley NO se aplica.

marceldoubront@gmail.com

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