Un total de 130 organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos en Argentina enviaron un carta al presidente de ese país, el empresario Mauricio Macri, para solicitarle una reunión urgente por la decisión-vía decreto, sin consultar y enviar una propuesta de reforma legal al Congreso- del mandatario de modificar la ley de migraciones que abre las puertas para criminalizar a los extranjeros.

Las organizaciones, entre las cuales figura la Iglesia Evangélica y la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones, advierten que en la reforma legal “asocian la migración al delito, instalando un falso problema que desplaza un real debate sobre cómo abordar problemas de seguridad y violencia en un mundo globalizado” reseña un reporte del diario Página 12.

En efecto, Macri formalizó el pasado lunes las modificaciones a la Ley de Migraciones y aunque su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo-citado por la agencia Telam- que la decisión “no cambia el espíritu de la ley anterior”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insiste que la medida fue tomada porque 33% de los presos por delitos como el narcotráfico son extranjeros.

En Argentina hay aproximadamente dos millones de inmigrantes. “Menos del 6% de la población carcelaria total es extranjera” reseña una nota del diario página 12 que también agrega que de ese porcentaje apenas 0,07% están presos por delitos asociados al narcotráfico.

Sin embargo, la Ministra de Seguridad de Macri sostiene que los inmigrantes son el principal problema del narcotráfico. “Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga; vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga, no tanto bolivianos”, dijo en días pasados la Ministra Bullrich.

Ahora, de acuerdo al decreto, los extranjeros serán segregados por categorías. Pueden ser “residentes permanentes”, “residentes temporarios” o “residentes transitorios”. Mientras las autoridades no formalicen los trámites correspondientes para declarar cualquiera de estas categorías, los extranjeros podrán recibir una “residencia precaria” (definida así por la autoridades), cuya cuya validez será de hasta 90 días continuos y renovables.

Los grupos en defensa de los DD.HH temen que la libre discrecionalidad de los funcionarios para ejecutar la decisión de Macri conduzca a repetir viejos casos de xenofobias.

“Esta vinculación (migración al delito) puede habilitar, además, episodios de xenofobia y violencia hacia las personas migrantes, como el caso Marcelina Meneses, asesinada en el año 2001 en razón de su nacionalidad boliviana”, alertan, citados por Página 12, el programa Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús y centros de residentes y colectividades de Perú, Bolivia, Haití, Venezuela y Paraguay.

RM/AVN

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