William Páez, secretario ejecutivo de  Presupuesto de la gobernación y designado protector del municipio Barinas, considera que el uso o manejo no eficiente de las finanzas  destinadas a satisfacer las necesidades constitucionales de los trabajadores de la alcaldía del municipio Barinas, como el gozo, uso y disfrute de aumentos de sueldos y aguinaldos, puede ser considerado como una violación de derechos humanos .

El economista asegura que las gobernaciones y alcaldías reciben recursos del Ejecutivo nacional provenientes de excedentes por recaudación o ingresos petroleros, “por eso no nos explicamos el hecho de que la alcaldía de Barinas no haya cancelado ni siquiera una parte de los aumentos a los trabajadores, porque esos créditos han llegado”.

Sumado a ello, las alcaldías tienen, por mandato constitucional, la autonomía para la recaudación de impuestos (derecho de frente, recaudación de desechos sólidos, patente de industria y comercio) para resolver necesidades internas, que al mismo tiempo se complementan  con el situado constitucional, el Fondo  de Compensación Interterritorial  o cualquier otro recuso extraordinario.

“El alcalde tiene que sentarse con sus trabajadores y explicarles que tipo de trámites y diligencias está realizando para la captación de recursos económicos. Tiene que indicar  el aporte que colocó la alcaldía para la cancelación pendiente, cuanto le llega por crédito adicional y si tiene déficit, cuanto es”.

Reiteró que están frente a un hecho de violación de derechos humanos “y  pudiésemos señalar que habría que abrirle a la alcaldía un corredor humanitario presupuestario   por mal manejo de los recursos financieros  para el pago de los trabajadores y trabajadoras”. P/PSUV

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