El Ministerio Público logró privativa de libertad para los fiscales de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) Juan Yeiny Medina Hidalgo y Royner Antonio Sánchez Melgarejo, quienes habrían exigido dinero a un comerciante a cambio de no abrirle un procedimiento administrativo a su establecimiento, situado en el centro de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira.
Durante la audiencia de presentación, la fiscal de la Sala de Flagrancia de esa jurisdicción andina, Herly Quintero, imputó a los funcionarios por la presunta comisión del delito de corrupción propia. En este sentido, el Tribunal 2º de Control de San Cristóbal dictó la privativa de libertad para ambos, quienes permanecerán recluidos en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el sector Pueblo Nuevo.
Desde el mes de febrero de 2016, los hoy imputados le habrían exigido en reiteradas oportunidades repuestos y accesorios de motocicletas al dueño del local comercial de ese ramo, para no abrirle un procedimiento por falta de marcaje de precios de su mercancía.
El pasado 22 de septiembre el comerciante avistó a los fiscales cuando se dirigían a su negocio, por lo que de inmediato notificó por vía telefónica sobre la situación a efectivos del Conas, quienes acudieron al lugar y aprehendieron en flagrancia a Medina Hidalgo y Sánchez Melgarejo cuando recibían dinero por parte de la víctima.

Privado de libertad Cicpc por corrupción

Por otra parte, fue privado de libertad el detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Darwin Ferrer, quien el 19 de julio de 2011, presuntamente exigió la cantidad de 350 mil bolívares a un comerciante extranjero a cambio de no involucrarlo en un hecho irregular.
El hecho ocurrió en La Castellana, en el este de Caracas, donde el funcionario habría abordado a su víctima.
La fiscal 57° nacional, María Gabriela Lucena, imputó al funcionario por el delito de concusión continuada y asociación para delinquir.
La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 33° de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que a solicitud del Ministerio Público acordó la privativa de libertad, por lo que permanecerá detenido en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleita.
Hay que destacar que el citado tribunal desestimó el delito de asociación para delinquir, razón por la cual la fiscal del caso apelará esa decisión.
El detective del Cicpc tenía orden de aprehensión desde el 2011 y fue detenido en Caracas el pasado 26 de septiembre.

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