Fueron condenados a penas que oscilan entre 8 y casi 16 años de prisión cuatro exfuncionarios del Cicpc, por su responsabilidad en la muerte de Karen Vanessa Berendique (19), hija del cónsul de Chile en Maracaibo (Zulia), Fernando Berendique Benavente.

El hecho ocurrió el 16 de marzo de 2012 en la referida ciudad zuliana, tras recibir dos impactos de bala.

En ese sentido, el exagente Luis Bohórquez fue condenado a 15 años y 9 meses de prisión por ser coautor en el delito de homicidio intencional en perjuicio de Karen Berendique, y lesiones menos graves en grado de complicidad correspectiva en detrimento de Darwin Medina.

Asimismo, el exfuncionario Jeferson Villalobos fue condenado a 15 años y 8 meses por ser coautor en el homicidio intencional.

Mientras que los exfuncionarios Fernando Urdaneta y Dinolkys Reyes fueron sentenciados a ocho años y tres meses de prisión como cómplices simples en el homicidio intencional, y lesiones menos graves en grado de complicidad correspectiva.

Adicionalmente, todos fueron condenados por uso indebido de arma de fuego.

En el juicio, los fiscales 34°, 39ª y 76° nacionales, Ramón Diamont, Adriana Valdés y Alejandro Méndez, respectivamente, presentaron las pruebas que fundamentaron la acusación contra los ahora condenados.

Las audiencias se efectuaron ante el Tribunal 21º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, instancia que, luego de analizar los medios probatorios presentados por los fiscales, dictó las citadas penas.

En este contexto, los hombres permanecerán en la sede de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc, ubicada en San Agustín; y Reyes estará recluida en la División de Capturas de ese organismo, ubicada en El Rosal.

La noche del 16 de marzo de 2012, las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta que se desplazaba desde el sector Teotiste de Gallegos hasta Monte Bello en Maracaibo (parroquia Coquivacoa), cuando Berendique recibió dos disparos mientras que Medina resultó lesionado.

Posterior a labores de investigación coordinadas por los fiscales y ejecutadas por la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales.

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