En la presentación de Venezuela del Examen Periódico Universal (EPU 2016, ante la Organización de Naciones Unidas, ONU), en la ciudad de Ginebra, Suiza, el Tribunal Supremo de Justicia, por delegación de su presidenta magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, fue representado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán integrante de la Sala Constitucional y la magistrada Francia Coello, vicepresidenta de la Sala de Casación Penal e Inspectora General de Tribunales, quienes muestran las acciones que ha venido desarrollando  el Poder Judicial en la consolidación del Estado Democrático, Social de Derecho y Justicia.

En su intervención, la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, destacó que la República Bolivariana de Venezuela cuenta con una amplia jurisprudencia que desarrolla los derechos constitucionales establecidos en su Carta Magna. Lo evidencia “la particularidad del modelo constitucional, la creación de la Jurisdicción Constitucional por primera vez en la historia Republicana de Venezuela desde 1810.  El control difuso de la Constitución, facultad que tienen los jueces para no aplicar, aun de oficio, una norma que consideren contraria al Texto Fundamental, está atribuido a todos los jueces; y el control concentrado y operativo de las garantías se concreta en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.

Agregó que la jurisprudencia de la Sala Constitucional es altamente significativa en la protección de los derechos humanos. Al respecto recordó, entre otras sentencias, la N° 910 del año 2016 que anula la decisión que había absuelto a los autores de la “Masacre del Amparo”, haciendo imprescriptible la norma y mandando a decidir sobre este hecho; igualmente la N° 886 de este año que ordena a la Asamblea Nacional discutir la Ley del Matrimonio Igualitario.

De igual manera, señaló que “La Sala Constitucional del TSJ no es un mero receptor de conflictos individuales, es el gran árbitro nacional garantizador de la paz social y del Estado de Derecho; ya que sus atribuciones están expresamente calificadas en la Constitución como protectora de la misma”.

“La Sala Constitucional es un factor que impulsa el desarrollo del programa político contenido en la Carta Magna, juzgando el desempeño de los órganos públicos a los que  puede incluso instarlos a actuar en determinado sentido a través  de la declaratoria de omisión constitucional del poder legislativo, municipal, estadal o nacional cuando estos hayan dejado de dictar normas o medidas indispensables para garantizar el Estado  de Derecho o las hayan dictado en forma incompleta “, explicó la magistrada Zuleta.

Finalmente, apuntó que en cumplimiento de las líneas del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013 – 2019, actualmente se aplica una normativa para regularizar a todos los jueces provisorios. Asimismo, con relación a la formación académica, indicó que se han capacitado a 2.791 funcionarios judiciales y no judiciales, destacando que más de 700 jueces y juezas actualmente cursan un diplomado en Derechos Humanos.

 

 

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