La gobernadora de estado, profesora Zenaida Gallardo, se reunió con los organismos de justicia penal y organismos de seguridad de la entidad, a los fines de dilucidar, aportar ideas y concretar soluciones con respecto a los sucesos de violencia que vienen aconteciendo en la región barinesa y muy específicamente de los hechos acontecidos en las últimas horas en el municipio Antonio José de Sucre.

José David Bolívar Izaguirre, secretario ejecutivo de Seguridad Ciudadana, expresó que los casos de violencia suscitados en la población de Socopó, corresponden a situaciones de perturbación del orden público, vandalismo e incluso acciones terroristas, que de alguna manera han afectado la tranquilidad y la paz de la citada población.

De igual manera, se han visto afectados organismos del Estado, infraestructuras donde se presta el servicio a la comunidad, tales como el centro de acopio de Mercal, el cual fue violentado y saqueado, donde se contaba con los alimentos que estaban previstos para el despliegue de los Clap y los Programas de Alimentación Escolar en esa población.

Otro de los hechos de violencia acontecidos en Socopó fue el saqueo a la Planta de harina de maíz precocida “Leander”, la cual realiza distribución del producto en el eje andino, para los municipios aledaños y la población de Barinas. En cuanto a esta situación se produjo la pérdida de 28 toneladas de harina, la cual fue robada en los sucesos vandálicos que se efectuaron el pasado lunes 15.

“Otro hecho que fue evaluado y donde nos acercamos para conocer del caso, es el de la planta de llenado de Gas Comunal, planta que es administrada por la misma población de sector, que le presta un servicio a la comunidad rural, garantizándoles el servicio para la elaboración de los alimentos”.

En el acto vandálico contra la planta de Gas Comunal se produjo el robo de mil 277 cilindros de gas en sus diferentes dimensiones, acción que afecta la distribución de este producto en el sector, acciones que van en detrimento de las comunidades generando malestar y condiciones negativas para el pueblo.

“Estamos evaluando las condiciones jurídicas y legales que se generan en estos casos y la situación de quienes serían responsables de esos hechos terroristas y, es por ello que estamos en estas mesas de trabajo para concretar las acciones, complementando con informaciones recibidas de las comunidades, a los fines de hacer los compendios para proceder judicialmente contra aquellos que de alguna forma están instigando a la violencia, poniendo además en riesgo a la población de este municipio, en este caso”.

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