El abogado constitucionalista, Hermánn Escarrá, destacó la noche de este viernes que no existen mecanismos para que la Asamblea Nacional (AN) promueva un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro y que son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las decisiones por posibles faltas en su gestión como jefe de Estado.

Al referirse al planteamiento por parte de la directiva del Parlamento venezolano, cuya mayoría es opositora al Gobierno Nacional, indicó que ésta ha presentado como argumento para declarar responsabilidad política contra el jefe de Estado el abandono de su cargo y de sus funciones; no obstante, Escarrá consideró que el presidente Maduro se ha dedicado a tiempo completo a gobernar.

Precisó que así lo demuestra la reciente gira que hizo para buscar las mejoras la de la escala en los precios del petróleo, preocupado por el recurso estratégico de Venezuela, la hacienda pública nacional, además de caracterizarse por ser un Presidente que cree en el Estado de Derecho y la Constitución.

“No hay forma alguna de plantear el abandono Constitucional del cargo y en el supuesto negado, procedimentalmente tiene que activarse la potestad evaluativa del TSJ , no con elementos de convicción, sino con pruebas plenas y tendría que el TSJ el que tendría que evaluar”, explicó durante una entrevista en el programa Leyes del Pueblo de VTV.

Señaló que “la falta abosluta que deriva de una situación física o mental, en este caso no es el Parlamento el que debe intervenir, interviene el Tribunal Supremo de Justicia (…) es sólo el TSJ el que puede decir si esa falta absoluta opera”.

Por otra parte, agregó que en ninguna parte de la Constitución aparece el juicio político, como el que se pretende aplicar al Mandatario nacional y que tiene su origen en los Estados Unidos y se ha desarrollado en varias constituciones de Centroamérica como México, Brasil, Argentina, Uruguay y algunos países de Europa.

Recordó que la AN se encuentra en una situación de desacato a la Constitución de acuerdo a la Sala Constitucional y dos sentencias de la Sala Electoral y todos sus actos están viciados de nulidad absoluta.

“Siempre es el Tribunal Supremo de Justicia el que debe dictaminar o emitir opinión sobre el presidente para que se produzca el debate parlamentario”, sentenció.

Agregó que el concepto de responsabilidad política contra el Presidente no es vinculante, pues hay una serie de instituciones que permiten el control de su gestión de gobierno.

CO/YB

COMPARTIR