Un equipo de “expertos en derechos humanos” realizó 135 entrevistas desde Ginebra y Panamá para “investigar” la situación de los DD.HH. en Venezuela.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra emitió un informe en el que responsabiliza a Venezuela de usar la fuerza “extendida y sistemáticamente” contra manifestantes durante las protestas violentas impulsadas por la oposición entre abril y julio.

Venezuela repudió el seudo informe y señaló que la Oficina del Alto Comisionado es utilizada como instrumento de guerra para atacar al país caribeño.

En el texto publicado por el organismo internacional se evidencian ciertas inconsistencias, por ejemplo, se admite que el informe está hecho a distancia a través de un equipo de “oficiales de derechos humanos” desplegados en Ginebra y Panamá entre el 6 de junio y el 31 de julio. Estos efectivos dirigidos por el Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Zeid Ra’ad Al Hussein, realizaron 135 entrevistas a venezolanos establecidos en otros países para “investigar” la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Desde Ginebra y Panamá el equipo de “oficiales” asume como verdaderas muy graves lesiones de tortura, como personas colgadas por las muñecas y sometidos a descargas eléctricas, asfixiadas con gases o sometidas a amenazas. Sin embargo, un informe a distancia “no puede dar por ciertos testimonios tan graves de tortura”, explica la ong Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

En el texto, la Oficina del Alto Comisionado asume como cierta la cifra de 124 muertes hasta el 31 de julio publicada por el Ministerio Público venezolano, sin embargo, los expertos no tomaron en cuenta los asesinatos cometidos por manifestantes opositores con armas caseras, así como las 17 muertes provocadas por barricadas de la oposición. Hasta el 28 de julio la cifra de fallecidos por la violencia en las protestas fue de 137 personas, según el informe Víctimas Fatales de la Violencia Política en Venezuela (abril- julio 2017) del Ministerio para la Comunicación e Información venezolano.

El informe responsabiliza a “grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró”. De esta forma omite las muertes ocasionadas por acciones violentas de la oposición venezolana como el asesinato de la joven de 23 años Paola Ramírez, perpetrado por Iván Alexis Pernía, un ciudadano venezolano abiertamente opositor que disparó a mansalva contra un grupo de motorizados. Al igual que el caso de la señora Almelina Carrillo, quien recibió un impacto con una botella de agua congelada arrojada desde un edificio mientras transitaba al lado de una marcha chavista.

Tampoco menciona a las 29 personas quemadas vivas,nueve de las cuales murieron, durante hechos violentos de la oposición entre abril y julio, así como los linchamientos a personas por ser señaladas como chavistas o “colectivos”.

El texto no menciona a las nueve fallecidos de los organismos de seguridad del Estado a causa de acciones violentas de la oposición. Se trata de dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno de la Policía de Lara, dos de la Policía de Carabobo, tres de la Policía de Mérida y uno de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM.

Igualmente, el informe ignora a víctimas chavistas como los tres militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), asesinados en Viaducto Campo Elías de la ciudad de Mérida.

Los expertos en DD.HH. sugieren que hubo un “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes e incluso tortura”, sin embargo, la prensa internacional y algunos medios nacionales eliminan este verbo y dan por hecho que la ONU afirma que las fuerzas de seguridad venezolanas “maltratan y torturan de forma generalizada y sistemática” a manifestantes y detenidos.

El informe del Alto Comisionado también ignora que el máximo representante de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó en julio su deseo de paz y democracia para Venezuela, desde entonces llamó en varias ocasiones a un diálogo nacional entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana para erradicar la violencia, los abusos y el fanatismo.

En agosto, Guterres manifestó a través de un comunicado que la crisis en Venezuela no podía ser resuelta mediante la imposición de medidas unilaterales “sino que requería una solución política basada en el diálogo y el mutuo acuerdo”, petición que tampoco aparece en el informe de los expertos en derechos humanos.

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