El próximo domingo 2 de julio sale en libertad Iñaki Marin, quien junto a Iker Araguas e Iñaki Lerin, puestos en libertad en días recientes, cumplieron una condena de nueve años de prisión, imputados por lo que la justicia española consideró actos terroristas, cuando los jóvenes incendiaron con bombas molotov dos cajeros electrónicos y varios contenedores de basura durante protestas en la ciudad de Pamplona, el 13 de septiembre de 2008.

Los tres jóvenes, que para entonces tenían 24 y 23 años, respectivamente, fueron acusados de terrorismo y condenados a nueve años de cárcel por diversos cargos. Uno de los basamentos utilizados por la justicia española para llevar adelante esta acusación, citado por algunos diarios de ese país, fue la forma articulada de actuación del grupo de jóvenes “con las tareas perfectamente distribuidas”, la utilización de capuchas para tapar sus rostros, y la dotación de algunos implementos como guantes.

El fallo indicó que los jóvenes incurrieron en estos actos vandálicos con el fin de “alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana” citó ABC, lo que constituye un delito de naturaleza terrorista para la justicia española. Además, éstos fueron acusados de estar vinculados a la organización juvenil Segi, que forma parte del grupo de partidos políticos independentistas y de izquierda prohibidos en la monarquía española, por supuesta tendencia terrorista.

Este no es un caso aislado, sino parte de la actuación regular del Estado español. Unos meses antes de este hecho, el 10 de febrero de 2008, otro grupo de cuatro jóvenes vascos; Sendoa Aratz, Unai Frías, Jon Villanueva y Asier Gómez, fueron detenidos, y posteriormente condenados a siete años y medio de prisión por incendiar un cajero electrónico en Baracaldo, Bilbao.

El Tribunal condenó a los jóvenes por delito de incendio terrorista en grado de tentativa”, indicó el diario El Mundo, y los absolvió de los delitos de “pertenencia a banda armada” y “tenencia de aparatos y sustancias incendiarias y explosivas”, por los que el Fiscal acusador pedía una pena de 33 años de cárcel.

Esta forma de proceder contra la disidencia política en España es justificada por los grandes medios y el poder comunicacional, que condenan los actos vandálicos en su país, al tiempo que acusan de represor al gobierno venezolano, y aseguran que en Venezuela no se respeta el derecho a la protesta.

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